MIRADOR ENTRE RÍOS
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Jessica Fernández es una cultivadora paranaense que desde hace cinco años fabrica el aceite de cannabis CBD que utiliza su hijo Lauti. Cuenta que el cambio en su calidad de vida a raíz de comenzar a tomarlo fue casi absoluto, ya que a sus cortos seis años de vida padece epilepsia, autismo y retraso madurativo. Desde abril de este año el gobierno nacional autorizó su cultivo a través de la credencial que entrega el programa Reprocann.

Desde que se mudaron junto a su pareja decidieron ser transparentes y apostar a la empatía por parte de los demás respecto a la situación en la que se encontraban con su hijo. Efectivamente, antes de contar con una autorización para cultivar, Jessica y Miguel, padre de Lautaro, ya se habían ganado la confianza de sus vecinos, de la dueña de la casa que alquilaban e incluso del personal policial de la comisaría del barrio, la N° 13.

“Durante este tiempo nos han querido robar las plantas como cinco veces, así que nosotros llamamos al 911 y a la Comisaría N° 13 para avisar. Jamás nos ocultamos. Las veces que nos robaron ellos salían a buscar a los cogolleros, o hacían que los buscaban, pero llegaban siempre tarde y supuestamente nunca los encontraban. Más allá de eso teníamos un buen vínculo, cuando pasaban en los patrulleros nos saludaban y nos preguntaban por Lautaro”, contó Jessica en diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS.

Para sorpresa de Jessica y Miguel, que estaban desocupando paulatinamente la vivienda para mudarse definitivamente a otra, el viernes 25 de junio la dueña de la casa decidió llamar a la policía de la Comisaría N° 13. “Nosotros teníamos hasta el 5 de julio para desalojar la casa. No sabemos cómo la dueña se enteró de que ya estábamos haciendo la mudanza, y tampoco entendemos por qué vino antes de lo previsto y decidió llamar a la Comisaría del barrio, la N°13” explicó Miguel.

Cuando la Policía llegó no había nadie en la vivienda y aunque no contaban con una orden de allanamiento ni una investigación previa, ingresaron igual, sin permiso. Tras encontrar las 48 ramas de cannabis CBD que los padres de Lautaro habían dejado allí y una caja de cartón que contenía cuatro bolsas de nylon negras con ramas, hojas y flores de la misma especie, convocaron a la Dirección de Toxicología, que tras realizar el test reactivo de sustancias, y a pedido de la Fiscalía, secuestró todo lo que había en el lugar.

La frutilla del postre según el relato de los afectados, es que se publicó una noticia que había mezclado su caso con otras dos causas en las que secuestraron plantas esa semana. “Después de que venga Toxicología y se lleve las plantas, nos metieron en la misma bolsa con otras dos causas. A nosotros nos calificaron como una ‘casa de secado de plantas’ y el parte de la policía no decía eso. Por eso el diario que hizo eso se retractó y nos llamó para hacer otra nota”.

Al llegar al domicilio, una vecina se acercó a preguntarles si estaban bien, y les mostró la noticia que había visto, en la que además se sugería que la pareja era parte de una “banda narco” y que sus plantas habían sido secuestradas por la Ley de Narcomenudeo.

El lunes siguiente a lo ocurrido, Jessica y Miguel se presentaron en Fiscalía para esclarecer los hechos y mostrar la credencial que les autoriza a cultivar. “Cuando la fiscalía se enteró de que yo estaba inscripta en el Reprocann, la secretaria del juez no podía creer que me habían llevado las plantas. Nos tuvieron que pedir disculpas”, expresó Jessi y continuó explicando que “de todas formas el daño ya está hecho y todo este error de parte de ellos afectó directamente la salud de Lautaro, porque nosotros estábamos muy nerviosos, entonces él percibía eso y estuvo con muchas convulsiones”.

“De a poco se van enterando del tema, pero hay ciertos sectores de poder que todavía les falta comprender más sobre la cultura cannábica, es decir cómo proceder. Por ejemplo, cuando incautan una planta, o cuando catalogan una planta, no conocen la diferencia entre plantas de THC o de CBD como era este caso”, completó Miguel. Ante la pregunta qué pasó con las plantas, contó que “ya está hecho el pedido de devolución de las plantas por la secretaria del juzgado pero el juez tiene que firmar todavía, asique no nos las han devuelto”.

De fondo, esta situación evidencia una vez más la inminente necesidad de una real articulación entre las distintas dependencias del Estado involucradas y la capacitación urgente tanto de las fuerzas de seguridad como del sistema de administración de justicia entero, para poder acceder sin temores fundados a los mecanismos creados por la ley 27.350 y su nueva reglamentación, tal como lo menciona el comunicado que sacó en mayo el Consejo Consultivo Honorario de la ley 27.350, en repudio al caso paradigmático de un cultivador solidario que fue allanado en Allen, Río Negro.

La provincia de Entre Ríos aprobó este año la Ley provincial Nº10.894 de acceso al cannabis medicinal, pero luego de tres meses, todavía espera ser reglamentada e implementada. El artículo 18 de dicha norma dispone que “La autoridad de aplicación {….} deberá convocar a un grupo interdisciplinario compuesto por especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil para brindar capacitaciones obligatorias en materia de cannabis para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, incluido el Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y Entes Autárquicos”.