Ignacio Pellizzón


En el Concejo de Rosario hay varias propuestas que se vienen discutiendo para regular el origen de los fondos y evitar que el dinero del narcodelito se cuele en inversiones locales. Pero hay, especialmente, dos iniciativas que se complementarían entre sí para poder armar un solo proyecto y obtener así la luz verde de todos los bloques.

Una es la que elevó el Ejecutivo y la que le dio puntapié inicial a la discusión y la otra es del bloque UCR-Juntos por el Cambio, con Martín Rosúa a la cabeza, que pretende crear una Agencia Antilavado.

Ambas ideas se fusionarían, dado que se complementarían entre sí y permitirían armar un esquema mucho más completo, que siendo debatidos de forma individual. Según señalaron desde el Palacio Vasallo a Mirador Provincial la idea es que en la primera semana de julio estas propuestas puedan ser discutidas en el recinto y aprobadas.

Por un lado, la iniciativa oficial se enfoca en afinar el control en las inversiones nuevas que lleguen a Rosario, mientras que la del bloque opositor quiere crear un esquema de funcionamiento con entrecruzamiento de datos y formulación de denuncias a la Justicia. Ambas partes estarían de acuerdo en ir juntos con las ideas fusionadas.

Radiografía de los proyectos
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó a principios de abril en conferencia de prensa un proyecto que ingresó al Concejo para mejorar el control de lavado de activos en la ciudad. La iniciativa amplía la cantidad de rubros que se controlan actualmente a través de una ordenanza vigente (N°9204) y la información y documentación a presentar. Además, se conformará una unidad de control que evaluará los casos y elevará la información a los organismos pertinentes.

Rosario, actualmente, cuenta con la Ordenanza 9204/2014 que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, pero con la iniciativa que presentarán se busca “aceitar” el procedimiento “más allá de la presentación de declaraciones juradas de origen de fondos en inversiones”.

El edil oficialista, Fabricio Fiatti, había contado a Mirador Provincial que, con este proyecto, quieren “mejorarlo”. “Como las órbitas municipales tienen injerencia y atención en distintos tipos de inversiones que origina vecinos, tanto para obras particular como para obtener licencias de taxis, entre otras, buscamos profundizar en el tipo de información que deben entregar, determinar cuándo esa información puede dar lugar a la detección de un posible caso de origen ilícito”.

El municipio estima que, con una ordenanza mejorada, se podrá crear un mecanismo que permitirá facilitar la detección de este tipo de casos. “Tener más y mejor información en manos del Ejecutivo, será valioso porque habilitará que se pueda aportar los datos a distintas causas judiciales y demás”, señaló el concejal. En caso de que se logre, Rosario sería una ciudad pionera en este sentido.

Según indicó Javkin en conferencia de prensa con este sistema, que tratará el Concejo, se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles. Por este motivo, “es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las economías delictivas”, indicó.

Por su parte, la iniciativa presentada por Rosúa nace a raíz de que el municipio “tiene el problema más grande de todos”, que es la violencia urbana. “A todo este problema, se le suma un fortalecimiento enorme del crimen organizado. En Rosario, el 75% de los crímenes son planificados, esto significa que detrás de ese crimen tenés crimen organizado, entonces hay que atacar la riqueza, es decir, los resultados de los hechos ilícitos”, había indicado a este medio.

El concejal entiende que el Ejecutivo tiene el conocimiento del territorio, funcionarios y trabajadores sociales en cada barrio de la ciudad, conocimiento de las grandes inversiones que se realizan, y, además, es el municipio es el que otorga todas las habilitaciones comerciales.

La Agencia Antilavados que propone Rosúa tiene como objetivo incorporar tres abogados de planta del municipio, tres contadores, y tres licenciados en informática que puedan analizar datos.

Con esa información quiere que se realicen dos convenios: uno que tenga que ver con todos aquellos organismos que indican cuál es el patrimonio de la gente, registro del automotor, inmobiliario y registro de embarcaciones; y otro, con aquellos organismos que informan sobre la actividad económica de la gente, como es el Banco Central y la Afip. “Con toda esa información, lo único que tenés que hacer es un entrecruzamiento de datos”, expresó.

Esto habilitaría que el gobierno local, en caso de encontrar que una persona tiene un desarrollo patrimonial que no está respaldado en una actividad económica o comercial declarada, automáticamente posee configurada la figura del lavado de activos.

Al identificar este tipo de personas que cometen estos ilícitos, la agencia “tiene que denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación o si es un delito local en el de la provincia de Santa Fe”, dijo el concejal.

En tanto, reafirmó que atacar el lavado de activos es la mejor forma de combatir “las organizaciones criminales, que es lo que yo planteo”. “Si vivimos en una ciudad donde el mayor problema son los niveles de violencia urbana y homicidios, no puede ser que el municipio no haga nada al respecto diciendo que no tiene competencia”, señaló.