Luego de un martes atípico en la ciudad de Santa Fe, sin colectivos urbanos ni interurbanos circulando, este miércoles 14 habrá una nueva audiencia donde las partes involucradas -funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación, empresarios del sector agrupados en la Fatap y la Unión Tranviarios Automotor, UTA-, volverán a verse las caras para tratar de destrabar el conflicto del transporte público de pasajeros por colectivos para el interior del país. De lo contrario, se seguirá en un callejón sin salida con la posibilidad de nuevos paros.

Por lo que pudo saber El Litoral, la reunión comenzará en horas de la siesta y podría extenderse hasta la tarde-noche. ¿Se restablecerá un servicio clave para la ciudadanía o habrá nuevas medidas de fuerza de los choferes? Son las dos preguntas que sobrevuelan por estas horas, y hasta el momento no hay certidumbres.

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En contexto, el eje central es la escasez de subsidios por parte de Nación y la paritaria salarial, dos elementos centrales a definir. Al indicador de lo subsidios se le agrega el incremento en la tarifa plana, que en esta capital es inminente: resta que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) notifique al municipio la actualización, que ya está autorizada, previo dictamen del órgano de control local. Hoy un boleto con SUBE cuesta 99 pesos en esta capital, y pasará a valer 120 pesos. Estos dos elementos (subsidios y tarifa) son las bases de financiamiento del sistema.

Pero lo más importante de la torta son los subsidios nacionales que deben llegar para afrontar la crítica situación. Demasiado para el AMBA, poco para el interior del país, que parece ser la “sábana corta” de todo el embrollo. En declaraciones radiales, el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, le pidió a Nación que así como destrabó el conflicto del AMBA con recursos, “el gobierno nacional debe garantizar el funcionamiento en el interior”. Ante el centralismo porteño, hoy “no existimos”, se quejó.

Desde la Provincia, hasta el mes de abril abril se cumplió con la remisión de fondos. Pero mayo aún no se pagó, y “Nación nos debe unos 850 millones de pesos”, agregó el funcionario. En junio, se viene el Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, el medio aguinaldo: “Tenemos que contar con esos recursos de forma urgente”, reclamó Miatello.

En línea similar, la directora de Movilidad municipal, Andrea Zorzón, declaró a El Litoral que la actual situación “es de mucha inequidad (refiriéndose siempre a los subsidios). Hoy (por este martes) no contamos con colectivos y a muchas familias se nos hace muy difícil ir a trabajar o a la escuela”, dijo.

Las posturas
Si se sigue la letra del acta emitida luego de la frustrada audiencia de este lunes, tras la cual no hubo acuerdo y todo derivó en el paro de colectivos, pueden leerse las necesidades e intenciones de cada sector involucrado.

Por ejemplo, los empresarios del transporte agrupados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), sostuvieron que hay “voluntad de alcanzar un acuerdo”, pero ello “sólo será posible en tanto se supere la imposibilidad material de avanzar en negociaciones que generen impacto económico en la actividad, causada por la insuficiencia de ingresos (subsidios y corte de boletos) que impide contar con condiciones de sustentabilidad y previsibilidad económica”.

En tanto la UTA manifestó que resulta indispensable reencauzar la paritaria salarial: “Lo trasladamos a esta mesa de discusión y a la negociación colectiva. En un contexto como el actual, “sin una protección convencional extraordinaria, en determinados grupos empresarios el beneficio normativo se volvería virtualmente inaplicable”. El sindicato insistió en el cumplimiento normativo del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo que versa sobre los derechos de recomposición salarial.

A propósito de la negociación paritaria con la UTA, los empresarios emitieron un comunicado donde sostienen que ésta se encuentra “severamente condicionada por la insuficiencia de recursos que permitan a esta representación empresarial asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo”.

Paritarias
Asimismo, advirtieron desde la Fatap que “el actual fracaso de la negociación paritaria no es más que uno de los síntomas que revelan aquella crisis, la que también puede verificarse en el estado de las unidades, la falta de renovación del parque móvil, la paralización de toda inversión en infraestructura y las permanentes dificultades que las empresas prestadoras experimentan para cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras”.

“Las empresas del interior del país -prosigue el comunicado-, que son más de 400, han subsistido en desmedro de su capital, ‘esmerilándolo’ al sólo efecto de garantizar la continuidad de los servicios y las fuentes de trabajo, lo que las colocó en una situación que debe ser revertida de modo inmediato, so pena de generar la quiebra de todo el sistema”.

Por último, dan algunos números: “Con un presupuesto total asignado para 2023 de $ 85.000 millones, el cumplimiento de la pauta salarial solicitada por la entidad sindical representaría para el sistema un costo adicional de casi 80 mil millones ($ 79.359.871.856,56), cuya disponibilidad no ha sido en modo alguno garantizada hasta la fecha. Permanecen aún sin norma que los distribuya, $ 10.500 millones adicionales comprometidos por el Estado Nacional en el marco de la negociación paritaria de febrero de este año, y que se adeuda al día de hoy $ 13.500 millones provenientes del Fondo Compensador al Transporte”.