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Según adelantó esta semana el senador de San Luis y presidente de la reunión plenaria remota de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presupuesto y Hacienda, y Seguridad Interior y Narcotráfico, Adolfo Rodríguez Saa, el jueves 14 de julio el Senado Nacional debatirá la ley de cannabis industrial que espera ser aprobada por unanimidad. El proyecto consta de un “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” que establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs.


El director del IIEP CONICET, Andrés López, quien además asesoró al Ministro de Producción Matías Kulfas en la temática, estimó el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.


Si bien la enorme mayoría de los expositores se manifestaron a favor de la aprobación del anteproyecto de ley, hubo pedidos de revisión de artículos específicos por parte de especialistas en la temática como la abogada a integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica de Buenos Aires, Victoria Baca Paunero, quien utilizó su turno para remarcar algunas observaciones puntuales sobre artículos del anteproyecto que apuntan a la definición del cáñamo como estupefaciente. Pidió que el artículo 2 sea quitado de la ley porque es “confuso”.


En igual sentido expuso Florencia Corbelle, antropóloga social del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis: “Consideramos que debería eliminarse la referencia a ‘estupefacientes’ porque no guarda relación alguna con este proyecto. Nos preocupa la continua referencia a la ley penal”.

Lo que preocupa a nivel local

Sin embargo, la cuestión que más preocupa a activistas entrerrianos y profesionales especializados en la materia, más allá de que se esté avanzando en materia productiva sin una política de drogas reparatoria que reconozca los daños causados por la prohibición, es la autonomía que hasta ahora venía teniendo Entre Ríos como provincia en materia de producción.


Si bien es cierto que la Ley de acceso al cannabis con fines medicinales de Entre Ríos tiene como objetivo generar un marco regulatorio que garantice el acceso a la salud a través de la planta, también prevé un régimen de producción en la provincia. Para comprender por qué el artículo que hace referencia a esa cuestión se vería inaplicable o abstracto en caso de que se apliquen los criterios que se proponen a nivel nacional, Mirador Entre Ríos dialogó con el abogado penalista, integrante de Asoc. Pensamiento Penal Entre Ríos y coordinador del equipo redactor de la ley provincial de cannabis, Andres Bacigalupo.


Según Bacigalupo, en primer lugar el problema se explica en la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo y eso incluye el hecho de otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización, con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales.


“El artículo que hace referencia al régimen productivo en Entre Ríos se vería inaplicable o abstracto en el sentido de que con la creación de la ARICCAME, las provincias no tendrían la atribución legislativa para producir cannabis medicinal”, explicó el abogado. En esta discusión se juega nada más y nada menos que la participación de las provincias. De fondo, se debate si las políticas estatales relativas a la producción del cannabis medicinal irán encaminadas desde una perspectiva federal o unitaria. “Al crearse una Agencia Nacional, esta ley les quitaría la soberanía a las provincias ya que en su articulado se postula como la única entidad autorizada para emitir licencias” manifestó Bacigalupo y advirtió que puede conllevar peligros directos en materia de federalismo y soberanía de las provincias.

El especialista argumenta que a partir de la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, junto con las facultades legislativas concurrentes de las Provincias con la Nación -como ocrurre en materia sanitaria- "se verifica una nueva concepción de garantías de operatividad en materias que legislan sobre Derechos Humanos fundamentales".

La cuestión gira en torno a que, más allá de la excusa emitida por el gobierno que esgrime que las provincias no pueden legislar en materia de estupefacientes, en realidad no se estaría legislando en esa materia porque el cannabis mutó su estatus jurídico y ahora las leyes son de orden sanitario. Cuando el Estado nacional crea una ley reconociendo un derecho, en la doctrina constitucional se lo denomina como “marcos mínimos'', que luego las provincias, al ser derechos fundamentales, tienen facultad para ampliar.


“Teniendo en cuenta que la atribución de las provincias es para dictar leyes en materia de salud y que en la re-reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal N° 27350 el autocultivo de cannabis fue reconocido como el ejercicio del derecho a la salud por el Estado nacional, es innegable que pesa sobre los Estados Provinciales la obligación de asegurar derechos humanos. Al mismo tiempo esto representa el fortalecimiento de su soberanía y autonomía, imponiéndose el deber de regular o ampliar el ámbito de protección y ejercicio de tales derechos por encima de los marcos regulatorios mínimos que fije el Congreso Nacional” argumentó el abogado Bacigalupo.

En proceso de reglamentación

Luego de su aprobación, la ley entrerriana se publicó en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo y se estipula un plazo de 60 días para reglamentarla. Para apurar ese proceso y garantizar la participación de las ONGs de la sociedad civil en el mismo, las organizaciones locales se acercaron al Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo, por medio de cartas dirigidas a la ministra Sonia Velázquez y al gobernador Gustavo Bordet, para ofrecer su colaboración en el armado de la reglamentación.


Sin embargo hasta el momento, los integrantes del Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos manifiestan en sus redes sociales que todavía no han recibido ningún tipo de respuesta o invitación ante el ofrecimiento. "Es decir que ya es una ley en vigencia pero ha sufrido una traba burocrática en su aplicación debido a que no se ha reglamentado, lo cual es necesario para hacerla operativa ya que implica la creación y estructura en sí de la autoridad de aplicación, del consejo consultivo y todos los órganos que hacen a su aplicabilidad”, lamentó el abogado penalista.