MIRADOR ENTRE RÍOS
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A mediados de 2020, desde un grupo de reconocidas entidades profesionales de directores/as, guionistas y productores/as con una histórica participación en la defensa de la actividad audiovisual a nivel nacional, entre ellas DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Apima (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales), PCI (Proyecto Cine Independiente), Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), con la colaboración de profesionales expertos en administración pública y extensa experiencia en la redacción de leyes, se inició este proyecto que se centró principalmente en identificar todos aquellos factores que en la práctica no funcionaron tal como fueron propuestos hace 27 años en la Ley de Cine.

La iniciativa surge tras ser conscientes de la pérdida de fuentes de trabajo de directores y directoras audiovisuales, guionistas, actores y actrices, técnicos audiovisuales, e infinidad de trabajadores y artistas que nutren con su capacidad y fuerza laboral la industria nacional de producción de obras audiovisuales.

La falta de actualización de la vigente Ley de Cine 17.741 también dio inicio a esta propuesta, a través de la que se ensayó un texto borrador con el objetivo de convocar al diálogo y de consensuar una propuesta de proyecto de Ley, que permita contemplar las necesidades e intereses de todos los sectores involucrados en la actividad de la producción audiovisual nacional.

La tarea consistió en identificar e incluir en el texto aquellas cuestiones que hoy, por uso y aplicación de las nuevas tecnologías digitales, han pasado a ser esenciales y no fueron contempladas cuando esta normativa fue sancionada, dado que obviamente no existían en aquel entonces.

Desde el nuevo espacio argumentaron que “existe gran cantidad de negocios comerciales multinacionales que facturan cifras millonarias a los usuarios locales, a través de las nuevas tecnologías digitales de oferta y exhibición de contenidos audiovisuales”. Además, manifiestan que estas empresas no contribuyen en la real medida en la que deberían a fortalecer la producción local de películas, series y nuevos formatos, como ya en otros países comienzan a estar obligados a hacerlo para generar una vigorosa industria audiovisual.


NUEVO PARADIGMA


La Ley de Cine que rige actualmente data del año 1994. Desde ese entonces, el constante y creciente avance tecnológico ha creado nuevos medios que han modificado, tanto la comunicación social, así como también la comunicación audiovisual, influyendo por ello en nuestras conductas y estilo de vida.

La evolución de estos medios y sus contenidos audiovisuales han roto las barreras entre los distintos canales de exhibición. Las producciones audiovisuales circulan indistintamente por las salas cinematográficas, los canales de TV abierta, los canales de cable, las plataformas de internet y circularán en el futuro por otros canales de comunicación que hoy no somos capaces de imaginar.

Por otra parte, la digitalización ha uniformado los métodos de producción y el material y equipo tecnológico utilizado para su realización. Todo este desarrollo industrial se puede englobar en un solo y unificador concepto: Producción audiovisual.

Este nuevo paradigma plantea la necesidad de reformar la Ley de Cine en vigencia y actualizarla a los nuevos tiempos, para abarcar a todo el conjunto de la producción audiovisual nacional y a sus nuevas formas de realización y difusión, respetando el carácter diverso, federal y con paridad de género de esta producción.

Durante los 26 años de vigencia de la actual ley, las distintas modificaciones que tuvieron lugar y sus respectivas reglamentaciones, intentando renovar sus alcances en una época con enormes avances y cambios en el área audiovisual, fueron armando una trama de parches y remiendos como único recurso, cuyos alcances carecen de pericia para regular hoy la actividad.

Su estructura rígida y burocrática, fue haciendo que el INCAA, ente responsable en la aplicación y administración de la ley, no haya podido resolver, desde su perspectiva analógica, el escenario donde se superponen distintas formas de acceder a los contenidos audiovisuales.

La ineficacia de su estructura administrativa, de su Consejo Asesor de co-gobierno “simbólico”, las fallas en la selección rigurosa de los materiales que deben ser protegidos, hace inevitable revisar toda esa experiencia de 26 años para sancionar una nueva ley efectiva y ajustada a la nueva realidad audiovisual constituida por plataformas diversas y simultáneas.


PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y FEDERAL


A los efectos de generar un primer análisis y propuesta para la creación de una nueva Ley, se convocó una primera mesa de trabajo con reconocidos/as productores/as, guionistas y directores/as, principales conocedores de la aplicación práctica de la actual Ley, a los que continuaron sumándose más profesionales y entidades de diferentes sectores con el claro objetivo de conseguir normativa actualizada que logre poner nuevamente en pleno funcionamiento a nuestra industria audiovisual.

Actualmente, Federal Films está conformado por cinco provincias, tres regiones: NEA (Entre Ríos y Formosa), NOA (Catamarca y Salta), Cuyo (Mendoza). Para más información sobre el tema consultar en el sitio www.espacioaudiovisualnacional.org