Por Carlos Retamal
El comisario mayor retirado Hugo Giuliano, de 66 años, quien tuvo una larga trayectoria por distintas dependencias de la Unidad Regional II, hasta llegar a ser el jefe de Unidad, estuvo bajo una larga investigación por una causa por enriquecimiento ilícito iniciada hace más de una década. El voluminoso expediente judicial pasó por distintas etapas, desde falta de mérito a sobreseimiento; de revocación a procesamiento, hasta finalmente ser juzgado.
Finalmente, este martes 8 de junio, un tribunal pluripersonal lo absolvió por el beneficio de la duda.
Giuliano se retiró en el año 2007, con el rango de comisario mayor. Al poco tiempo comenzó a ser investigado tras una denuncia de Apropol, el gremio policial no reconocido. Tras casi 3 años de investigación, recibió la falta de mérito. Pero la Cámara Penal revocó la decisión de primera instancia y es por eso que la causa siguió adelante.
En diciembre de 2013 fue sobreseído. Pero la Cámara Penal volvió a revocar la decisión y fue así que casi un año más tarde, Giuliano fue procesado y en 2018, finalmente se dispuso que el caso llegara a juicio, lo que ocurrió recién tres años después.
El inicio del debate se dio en mayo pasado, cuando el fiscal Sebastián Narvaja le atribuyó a Giuliano que, entre 1985 y 2004, mientras prestó servicio en distintas unidades regionales de la policía santafesina, «había enriquecido su patrimonio y que no se correspondía a la situación económica al iniciar su carrera policial ni estaba de acuerdo a con sus posibilidades económicas posteriores, de acuerdo al salario que percibía como empleado/funcionario policial».
Las pruebas
El fiscal señaló además que, entre 1985 y 1986 había adquirido un inmueble y que luego construyó 3 locales comerciales en ese el terreno; entre 1986 y 1987 adquirió un local comercial en Moreno al 400; entre 1988 y 1991 compró otra propiedad, esta vez en Montevideo al 3900; entre 1992 y 1995, adquirió un local en calle Cafferata 1600 y entre 1995 y 1999 otra propiedad, en 3 de Febrero al 3000, todas de la ciudad de Rosario.
También se indicó que, en el período comprendido entre 1995 y 1999 adquirió cuotas de un fondo común de inversión por U$ D 24.500; y que entre 1999 y 2003 compró un auto y otros bonos, por un monto de U$ D 20.000.
Además, entre 2003 y 2006 adquirió una lancha, un automóvil y construyó una vivienda en la planta alta de un domicilio ubicado en calle Buenos Aires al 1900, también de Rosario.
En base a estas pruebas, el fiscal Narvaja pidió una pena de 6 años de prisión efectiva, con multa equivalente al 100% del enriquecimiento constatado.
Sin embargo, este martes 8 de junio, mediante videoconferencia, un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Nicolás Vico Gimena y Florentino Malaponte, resolvió absolverlo por «el estricto beneficio de la duda».
La fiscalía adelantó que analizará los fundamentos y evaluará una posible apelación.
Una larga investigación
El gremio policial no reconocido Apropol fue quien inició la denuncia contra el comisario Giuliano, cuando todavía estaba en funciones, en el año 2004. En ese momento, la denuncia fue remitida a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, que inició una instrucción sumaria, que luego quedó sin efecto tras su pase a retiro.
Cuando se retiró, la causa siguió adelante y fue corriendo la misma suerte: beneficio para el ex jefe policial, aunque diversas apelaciones hicieron que los procesos judiciales siguieran adelante.
En diciembre de 2011, la causa iniciada contra el comisario recibió una falta de mérito por la entonces jueza de Instrucción de la 10ª Nominación, Irma Bilotta. Dicha resolución fue revocada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al pedido del ex fiscal de Cámaras Guillermo Camporini.
Tras esto, la causa fue remitida al Juzgado de Instrucción de la 11ª Nominación que por entonces estaba a cargo del juez Hernán Postma, quien dos años más tarde, en diciembre de 2013, sobreseyó a Giuliano por considerar que el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente era mayor a la pena máxima por cometer dicho delito.
Esta última decisión también fue revocada por la Cámara de Apelaciones a finales de febrero de 2014 y la causa quedó en manos del juez de Instrucción Juan Andrés Donnola, quien dos meses después dictó el procesamiento y dictó un embargo por 300 mil pesos.
El caso pasó al Juzgado de Sentencia N° 4, a cargo de Julio Kesuani y cuatro años después de su procesamiento,el caso por enriquecimiento ilícito pasó a juicio oral, con un tribunal designado en su momento, que no fue el que finalmente presidió el juicio.
Finalmente, el debate que por primera vez iba a realizarse en forma oral, se llevó a cabo casi 3 años después: comenzó en mayo pasado.
25.2°
