El 30 de noviembre de 2017, en medio del gobierno de Miguel Lifschitz (1995-2021), la Legislatura aprobó una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Fue tratada sin debate y con un texto que fue el producto de un intenso intercambio de borradores entre ambas Cámaras.

En aquella jornada, que fue justamente durante la última sesión de prórroga del período ordinario de sesiones, es decir, cuando no se necesita que el Poder Ejecutivo habilite una asunto, los legisladores decidieron que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal debían tener límites además de los que imponen la ley y las instancias de auditoría interna previstas para ambos órganos.

Es bueno recordar cuál era el escenario del poder seis años atrás: gobernaba el Frente Progresista, Cívico y Social, que tenía mayoría de socialistas, radicales y otras fuerzas (en ese orden) en la Cámara de Diputados, y el peronismo su histórica mayoría en el Senado (que cambiará de manos en poco tiempo). Fue un acuerdo político de unanimidades, que se ejecutó con el consenso de todos los partidos relevantes. Algunos años después dijeron estar arrepentidos de haber votado de manera favorable; otros (casi todos los que siguieron en la Legislatura) reivindican esa decisión y por acción u omisión nada se ha cambiado.

Por entonces hubo polémica y quejas desde el Poder Judicial, en especial de las asociaciones de fiscales. En ese sentido se dijo que se trataba de la invasión de un poder sobre otro, que las decisiones políticas iban a manchar la administración del servicio de justicia en sus instancias anteriores a los fallos de los jueces. Pero en la corriente de opinión contraria, que apenas se había recuperado una facultad que ya estaba presente en las normas que crearon los institutos de Acusación y de Defensa. Aquella discusión fue saldada con la promulgación de la ley por el gobernador Lifschitz en 2018. Y casi tres años después, en 2021, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de validar ese control legislativo sobre la conducta de fiscales y defensores. El máximo tribunal entendió que no viola la Constitución Provincial la norma cuestionado por uno de los sancionados por la Legislatura en Sesión Conjunta de Ambas Cámaras (que requiere quórum y mayoría de cada cuerpo, lo que exige aún más consenso).

En la Corte votaron por la constitucionalidad Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. En tanto, Mario Netri y Daniel Erbetta entendieron lo contrario que no es constitucional el procedimiento derivado de la ley 13.807, sancionada a fines de 2018. Antes, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, también se había pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma. En síntesis, el sistema creado (faltas leves a cargo de los auditores y faltas graves a ser juzgadas por la Legislatura) dividió y divide opiniones, pero hoy está vigente sin cambios de fondo.

Aquel proyecto que se aprobó en cuestión de horas ingresó por el Senado, pero por los pasillos se dejó en claro que ya había sido acordado con los diputados. Sólo Lisandro Enrico (UCR-General López) -quien se quedó con las ganas de incluir algún artículo sobre los jueces- se limitó a decir que los fundamentos serían agregados en la versión taquigráfica, en el momento del tratamiento en la Cámara alta. En la copia que se repartió a los cronistas parlamentarios aquel jueves, aún no figuraban esos argumentos.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.

El trámite veloz es, aunque poco prolijo, perfectamente legítimo, solo se lo describe para mostrar las urgencias que en aquellas circunstancias. Ciertamente había apuro en establecer una instancia más por sobre acusadores y defensores.

De hecho, 2016 estuvo marcado en la Legislatura por el apartamiento del ex titular de la Defensa, Gabriel Ganón -quien finalmente fue suspendido- y los cuestionamientos al fiscal regional Eladio García, que sufrió la misma suerte, por decisión de la Legislatura. Fueron decisiones políticas, que sopesaron sus actos en el Poder Judicial.

Lo que hoy sucede en la Legislatura con las chances de modificar o no el panorama en la Fiscalía Regional de Rosario o en el propio MPA refiere a esas facultades de los diputados y los senadores provinciales que son anteriores al control directo de todos los fiscales y los defensores votado en 2017. Así nació la reforma penal con control político de fiscales generales y regionales, que esta semana debieron acudir a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

Distinto es lo que puede o no suceder con Matías Edery. Para su caso aún la bicameral no votó el avocamiento, aunque a partir del contenido de las acusaciones en su contra, de la gravedad institucional de los presuntos hechos en cuestión, se desató una catarata de invitaciones a María Eugenia Iribarren, su superior en Rosairo y María Cecilia Vranicich en la jefatura de los fiscales que se cumplieron el miércoles 11 y el jueves 12.

Los integrantes de Acuerdos y los legisladores en general tanto hacen evaluaciones políticas sobre cómo proceder para recuperar credibilidad en el MPA del punto más candente del mapa de la bota referido al delito, pero también sopesan consideraciones entre el deber ser de cómo debe actuar un fiscal y de sus actos. Mientras tanto, el gobernador electo que pronto dejará de ser diputado provincial pone en igualdad de condiciones a los fiscales acusadores y a su par acusado. Habrá que ver qué se impone, en medio de la transición también en las Cámaras, donde el futuro oficialismo estará fortalecido.