Carlos Retamal


El ex diputado provincial Darío Scataglini fue imputado formalmente por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidieron que quede en prisión preventiva, pero la jueza le otorgó la libertad bajo el cumplimiento de unas reglas de conducta.

En una audiencia llevada a cabo en la mañana de este sábado 4 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario; los fiscales de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron a Scataglini haber realizado negociaciones (haciendo uso de sus influencias) para que la Lotería de la Provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Leonardo Peiti –imputado como capitalista de juego ilegal–, la explotación de máquinas para apuestas online, lo que se llama VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por la Lotería.

Las negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia, con el fin de que se beneficiaran Peiti y el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, señalaron los fiscales.

El ex diputado fue detenido pasado el mediodía del jueves por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en su vivienda ubicada en inmediaciones de pasaje Lassaga y bulevar Pellegrini, de la ciudad de Santa Fe.

La detención había sido ordenada por los fiscales Edery y Schiappa Pietra, a partir de inconsistencias entre las explicaciones dadas en su momento por el ex diputado en su declaración, con nueva evidencia recolectada por los fiscales.

Entre esas pruebas estaba una escucha telefónica al teléfono de Peiti, en la cual Scataglini le dijo que hablaba en nombre del senador, quien quería hablar con él. “Nos pareció sugestivo que llamara un senador a una persona que tenía emprendimientos de juego clandestino. No teníamos muy en claro su rol, por eso primero lo llamamos (a Scataglini) como testigo; pero después vimos que su declaración no tenía consistencia con las evidencias de la causa”, dijo el fiscal Edery.

Según se dijo en la audiencia, el 11 de marzo de 2020, el ex diputado se reunió con Peiti, José Fernández Chemes y el senador del PJ, Traferri, en la oficina de trabajo de este último, ubicada en calle General López 2.600 de la ciudad de San Lorenzo. En esa reunión se acordaron las gestiones que cada uno debía llevar a cabo para que el Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe celebre un convenio con la empresa Wildar Gaming para habilitar la colocación de las máquinas de juego online.

El rol de Scataglini, según dijeron los fiscales, era usar sus influencias ya que en su momento integró la Comisión Bicameral de Bingos y Casinos, para lograr esa habilitación.

Tres semanas después, y en el término de 10 días, Fernández Chemes lo llamó por teléfono para conocer el estado de avance del tema. El 22 de abril (42 días después de la reunión en el despacho del senador), Fernández Chemes presentó una suscripción por correo electrónico en Lotería de Santa Fe, en carácter de apoderado de la firma Wildar Gaming, para celebrar un convenio para la explotación de las máquinas de juego online. Seis días después, le avisó que había hecho la presentación.

Sin embargo, como se hallaron dificultades para el otorgamiento por las causas penales iniciadas contra Leonardo Peiti, el 4 de septiembre se simula la «transferencia de cuotas sociales de Peiti, de las empresas Wildar Gaming en favor de José Fernández Chemes, en cumplimiento de la recomendación que le hiciera Armando Traferri, con el objetivo de que ello facilite el otorgamiento de dicho contrato», se indicó en la audiencia.

“Trabajó para que el negocio se concrete”, sostuvo el fiscal Schiappa Pietra. Y agregó que el senador Traferri lo convocó a Scataglini porque conocía bien el tema, y también al abogado de Peiti, y de esa forma avanzar en la explotación de máquinas para apuestas online. “Esto es lobby empresarial, es jugar para un sector y beneficiarlo, logrando que se lleve a cabo una contratación claramente ilegal contra las leyes de ética pública y contra el Código Penal”, agregó.

Los fiscales imputaron a Scataglini los delitos de negociaciones incompatibles de la función pública y tráfico de influencias y solicitaron a la jueza Eleonora Verón la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días para el ex diputado y ex asesor del PJ en la Cámara de Diputados de la Provincia; mientras que su defensa pidió su liberación, ofreciendo como caución un inmueble de un familiar del imputado.

La jueza tuvo por formalizada la audiencia imputativa y resolvió hacer lugar al pedido de la defensa de otorgar la libertad al imputado, mientras continúa el proceso, admitiendo la caución sobre el inmueble ofrecido. Además, dispuso unas reglas de conducta: constituir domicilio; prohibición de salir de la provincia sin autorización; y prohibición de todo tipo de contacto y por todo medio o a través de terceras personas con personas relacionadas a la investigación de juego clandestino.