Por Ignacio Pellizzón

En Rosario ya se discuten varios proyectos para poder detectar lavado de activos, entre ellos uno del propio Ejecutivo. La intención es generar un marco serio de debate para avanzar en herramientas que permitan abordar uno de los principales problemas que tiene la ciudad como es la violencia, que está íntimamente relacionado al flujo de dinero de las economías delictivas.

En el Palacio Vasallo hay varias propuestas: una es del concejal Martín Rosúa de Juntos por el Cambio de armar una agencia de investigación contra el lavado de activos, otras iniciativas con el mismo sentido son de la edila de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, también hay una idea del bloque de Ciudad Futura que pretende crear la Agencia de Justicia Urbana y, finalmente, se suma la del propio Ejecutivo.

Se trata de un tema que está muy en boga en la ciudad en tiempos de violencia extrema. Solo a modo de contexto en Rosario durante abril hubo más asesinatos que días con un total de 35 homicidios. Esta cifra supera el record de octubre de 2013 y marzo de 2014 que cerraron con 32 muertes.

Si en algo están de acuerdo todos los bloques políticos locales, es que, si se corta el flujo de dinero espurio, se ataca de lleno uno de los grandes flagelos que acechan en los últimos años a la región como es el narcotráfico.

Se presume que la discusión tardará varios meses hasta que se llegue a un acuerdo y se logre votar en el recinto. Cada iniciativa tiene sus particularidades y pretenden atacar el lavado de activos con diversas acciones.

LOS QUE PICAN EN PUNTA

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó una iniciativa que amplía la cantidad de rubros que se controlan actualmente a través de una ordenanza vigente (N°9204) y la información y documentación a presentar. Además, quiere conformar una Unidad de Control que evaluará los casos y elevará la información a los organismos pertinentes.

Actualmente, la ciudad cuenta con la Ordenanza 9204/2014 que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, pero con la iniciativa que presentarán se busca “aceitar” el procedimiento “más allá de la presentación de Declaraciones Juradas de origen de fondos en inversiones”.

El edil oficialista Fabricio Fiatti contó a Mirador Provincial que, con este proyecto, quieren “mejorarlo”. “Como las órbitas municipales tienen injerencia y atención en distintos tipos de inversiones que origina vecinos, tanto para obras particular como para obtener licencias de taxis, entre otras, buscamos profundizar en el tipo de información que deben entregar, determinar cuándo esa información puede dar lugar a la detección de un posible caso de origen ilícito”.

El municipio estima que, con una ordenanza mejorada, se podrá crear un mecanismo que permitirá facilitar la detección de este tipo de casos. “Tener más y mejor información en manos del Ejecutivo, será valioso porque habilitará que se pueda aportar los datos a distintas causas judiciales y demás”, señaló el concejal. En caso de que se logre, Rosario sería una ciudad pionera en este sentido.

Según indicó Javkin en conferencia de prensa con este sistema, que tratará el Concejo, se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles. Por este motivo, “es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las economías delictivas”, indicó.

La iniciativa presentada por Rosúa nace a raíz de que el municipio “tiene el problema más grande de todos” que es la violencia urbana. A todo este problema hay un fortalecimiento enorme del crimen organizado. En Rosario el 75% de los crímenes son planificados, esto significa que detrás de ese crimen “tenés crimen organizado”, entonces “hay que atacar la riqueza”, es decir, los resultados de los hechos ilícitos”.

El concejal entiende que el Ejecutivo tiene el conocimiento del territorio, funcionarios y trabajadores sociales en cada barrio de la ciudad, conocimiento de las grandes inversiones que se realizan, y, además, es el municipio es el que otorga todas las habilitaciones comerciales.

La Agencia Antilavados que propone el edil tiene como objetivo incorporar tres abogados de planta del municipio, tres contadores, y tres licenciados en informática que puedan analizar datos.

Con esa información quiere que se realicen dos convenios: uno que tenga que ver con todos aquellos organismos que indican cuál es el patrimonio de la gente, registro del automotor, inmobiliario y registro de embarcaciones; y otro, con aquellos organismos que informan de la actividad económica de la gente, como es el Banco Central y la Afip. “Con toda esa información lo único que tenés que hacer es un entrecruzamiento de datos”, expresó.

Esto habilitaría que el gobierno local, en caso de encontrar que una persona tiene un desarrollo patrimonial que no está respaldado en una actividad económica o comercial declarada, automáticamente posee configurada la figura del lavado de activos.

Al identificar este tipo de personas que cometen estos ilícitos, la agencia “tiene que denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación o si es un delito local en el de la provincia de Santa Fe”, dijo el concejal.

En tanto, reafirmó que atacar el lavado de activos es la mejor forma de combatir “las organizaciones criminales, que es lo que yo planteo”. “Si vivimos en una ciudad donde el mayor problema son los niveles de violencia urbana y homicidios, no puede ser que el municipio no haga nada al respecto diciendo que no tiene competencia”, señaló.